El reto de la educación universitaria no es otro que brindar una educación de calidad y relevancia con acceso equitativo. Evidentemente no puede haber acceso equitativo si no hay calidad y relevancia a la luz de las necesidades del país. Para lograr ese equilibrio, la tendencia mundial dominante es el desplazamiento del centro de gravedad de los mecanismos de coordinación de la educación superior desde el Estado y del poder corporativo hacia el mercado y a la competencia.
Sin embargo, aquí se ha venido legislando a contracorriente de las tendencias de los países más avanzados, así como de las recomendaciones de los organismos multilaterales a países en desarrollo. Ha primado la creación a diestra y siniestra de universidades públicas por decreto para promover un supuesto acceso equitativo a la educación universitaria sin calidad y relevancia, para luego pretender combatir, la baja calidad de la universidad prohibiendo la creación de nuevas universidades. Algo así como tratar de reducir la pobreza expatriando a los pobres. La radicalidad de esta medida suspende la creación de universidades públicas sin presupuesto ni profesorado idóneo (que nunca debieron crearse). Sin embargo, arrasa de paso con el principio de la libre iniciativa privada y despoja al Perú de la oportunidad de atraer universidades de clase mundial, aprovechando los efectos convergentes de la globalización.
En este contexto, se está por aprobar una ley universitaria que crea una superintendencia adscrita al Ministerio de Educación en reemplazo de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), con poderes omnímodos para supervisar la calidad universitaria, fiscalizar el uso de recursos, autorizar la apertura de nuevas universidades, nombrar a sus autoridades y miembros de su cátedra. Un organismo dependiente administrativamente de esta superintendencia se encargaría de la acreditación de la calidad de las universidades. Se trata de un modelo intervencionista, burocratizante y proclive a la politización de sus decisiones, que pretende que los programas de estudios se vuelvan buenos por el control estatal, cuando lo que los hace buenos es la permanente innovación e investigación.
Frente a este modelo rígido existe la opción de un modelo flexible, adaptando a las necesidades específicas que derivan de una creciente división del trabajo y del desarrollo de nichos de actividad económica intensivos en tecnología que demandan competencias multidisciplinarias. Actualmente estamos ante una economía dominada por actividades de servicios cada día más tercerizados. Por ello, el nuevo modelo de educación superior debe orientarse a construir sociedades del conocimiento, que articulen esfuerzos de investigación y docencia no solo de universidades convencionales, sino también de centros técnicos, universidades empresariales, centros de educación a distancia o virtuales, institutos de investigación de élite, consultoras, etc. En el mundo desarrollando todas estas instituciones compiten en formación de pregrado y postgrado con los programas estándares.
En este contexto, si bien la acreditación debe ser obligatoria, debe estar a cargo de entidades independientes de prestigio internacional, mientras que la autorización de la creación de nuevas universidades debe proporcionarse por una entidad autónoma, que funcione bajo reglas de estricta transparencia, evitando repetir la actuación de la Conafu, burocratizada y poco transparente. La aprobación de nuevas universidades debe retomarse, para que en lugar de sustentarse en requisitos burocráticos formalistas y exigencias de infraestructura física mayúsculas, se ciña a comprobar la disponibilidad de directivos y profesores de alto nivel, de metodologías de enseñanza sustentadas en investigación intensiva y programas que atiendan demandas educativas desatendidas.
La ANR, sin mayores potestades para controlar y sancionar conductas inapropiadas, debe reemplazarse por una asamblea nacional universitaria, formada por delegados elegidos entre representantes de los profesores, estudiantes, graduados y la sociedad civil. Ella es quien debería estar premunida de capacidades supervisoras.
La investigación debe ser obligatoria, para acortar la distancia entre dar conocimientos y ejercitar a los alumnos en el proceso de crear conocimiento.
Los títulos no deben emitirse a nombre de la nación y también debe desterrarse la colegiación obligatoria impuesta por colegios profesionales rentistas. En los países desarrollados no existen estas prácticas. Abolir estas arcaicas instituciones contribuiría a una sana competencia formativa entre universidades convencionales y consultoras o centros de investigación que muchas veces tienen mucho más que enseñar que las propias universidades. De hecho, según el Banco Mundial. La educación terciaria del futuro se dará más en escuelas vinculadas a estos centros que en las universidades.
Fuente: El Comercio
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